Quejas

Hace unos días, el presidente de la asociación de magistrados se quejó amargamente de un pedido de informes, cursado por el Consejo de la Magistratura a las Cámaras Federales, sobre medidas tomadas por los jueces durante el bloqueo de las rutas. Una solicitud similar se efectuó ante el Ministerio de Justicia sobre la actitud de los fiscales.
Este pedido de informes ha ocasionado una reacción furiosa en ciertos opinólogos profesionales, particularmente entre aquellos que suelen adoptar como propios los puntos de vista del Departamento de Estado, tanto en materia de política interna como externa. Tuvieron una reacción similar cuando una dirigente política radical tuvo que “tocar el piano” por encontrarse en un piquete que impedía el tránsito en una ruta. Me gustaría saber si reaccionarían de la misma manera si encontraran al Secretario General del PC en un piquete obrero que impidiese el ingreso en una fábrica.
El fastidio de “Sus Señorías” es infundado. Se cometió un delito previsto en el Código Penal, en forma continua y durante mucho tiempo y su obligación era ponerle término, “sin más trámite”, como dicen ellos, y no hacerse los distraídos o esperar a ver qué pasa. Pero en muchas provincias ni siquiera hubo una advertencia a los productores y a la peonada que arrastran con ellos de que su accionar era ilegal.
Uno de los problemas que seguramente tuvieron las “señorías” y también muchos fiscales es que, en esos pequeños pueblos tan aburridos, ¿cómo ir luego al Club de Leones, o al boliche de onda y encontrarse con alguno de los encartados? ¿Les negarían el saludo, o peor aún, los harían echar?
Ser juez no es joda, por lo menos en Argentina. Otorga un status muy particular e infundado. Son jueces a perpetuidad, mientras dure su buena conducta, así tengan el bocho atrofiado por el Alzheimer o por la aterosclerosis. Hubo un caso así en la Corte, mientras se investigaba la voladura de la Embajada. El resultado es que el crimen todavía está impune.

La tasa de criminalidad entre los señores magistrados no tiene nada que envidiar a la correspondiente a la población adulta. Muchos han zafado presentando su renuncia y logrando su aceptación. Luego, el olvido de todo. La duración en el cargo es una de las cosas a remediar la próxima vez que se toquetee la Constitución. Deberían tener un plazo de duración en el cargo. Con respecto a los nombramientos no parece que la solución sea hacer electiva la magistratura. Porque en una de esas se arma una competencia sobre el número de perpetuas otorgadas, como ha ocurrido alguna vez en EEUU, donde la disputa por el cargo pasaba por el número de gente mandada a la silla. Habría que buscar un término medio.